La apropiación del conocimiento
En distintas oportunidades hemos mencionado que uno de los ejes principales de las políticas en CyT en nuestro país consiste en la articulación entre organismos públicos y empresas privadas, sobre la base de proyectos generados en el sector privado y financiados, o subsidiados, por el sector público.
Esta metodología que, en algunos casos, es una transferencia de fondos públicos a empresas privadas, además, no prevé que en el marco de la extranjerización de nuestra economía se puede distorsionar totalmente el destino de esos subsidios. Ver en: http://grupogestionpoliticas.blogspot.com/2009/09/extranjerizacion-y-subsidios-dr-manzur.html.
Por otra parte, es preocupante la escasa disposición/ coordinación para abordar problemáticas públicas tendientes a resolver problemas sociales de envergadura como la erradicación del mal de Chagas, la eliminación de arsénico de aguas para consumo o la producción pública de medicamentos y vacunas, entre tantos otros temas.
Recientemente, desde el área de las Ciencias Sociales, han surgido expresiones reconfortantes que analizan algunos de esos mecanismos de apropiación privada del conocimiento público, y nos pareció importante difundirlas porque de estas cosas poco se habla y es necesario conocerlas, tanto para jerarquizar la discusión como para analizar las consecuencias de esas políticas que se implementan.
Una de esas expresiones es el artículo escrito por Valeria Arza, una economista de la UBA e investigadora del CONICET-CENIT, con un doctorado en Políticas en Ciencia y Tecnología -Sussex University, UK-.
El artículo se caracteriza por su claridad conceptual e invita a reflexionar y a plantearse la necesidad de instalar un debate sobre estos temas que, esencialmente, tienen que ver con la soberanía de nuestro país en diferentes áreas del conocimiento.
A continuación, el artículo:
“Preservar el dominio público”
Por Valeria Arza * (negritas nuestras)
“Desde la vacuna contra la poliomielitis hasta Internet, la innovación tecnológica en los últimos cincuenta años creó oportunidades para mejorar sustancialmente la calidad de vida. Sin embargo, el cambio tecnológico, de la forma en que ocurrió, no benefició a todos por igual: la brecha entre ricos y pobres se amplió y la integridad ambiental está cada vez más amenazada.
El cambio tecnológico no es unidireccional; existen diversos senderos que se pueden explorar y múltiples formas de explotación y apropiación del conocimiento que se genera. De la misma manera, también existe un abanico de posibilidades para el diseño de la política en ciencia y tecnología (CyT).
Por ejemplo, se pueden promover las actividades de innovación de empresas grandes preestablecidas (el modelo coreano) o el desarrollo de empresas emergentes o pequeñas de base tecnológica (el modelo del Silicon Valley, en Estados Unidos); atraer mediante incentivos fiscales a subsidiarias de transnacionales, o utilizar esos recursos para fomentar la innovación de las de capital nacional; aumentar la competencia internacional para generar el desafío de profundizar estrategias innovativas en empresas locales o, en cambio, asegurar un período de protección comercial para que ellas mejoren sus posibilidades de supervivencia en ambientes competitivos, etc.
Cada una de estas opciones, que pueden ser defendidas desde distintos argumentos académicos, en los hechos terminarán favoreciendo más a algunos grupos más que a otros.
El diseño de la política en CyT es el resultado de un proceso de negociación entre las partes implicadas. Así, los actores que detenten mayor poder de negociación tendrán una influencia superior a la hora de hacer valer sus intereses y plasmarlos en la agenda política en CyT. A su vez, no se trata sólo de actores del país: la agenda política debe alinearse a los acuerdos internacionales que subscribe el gobierno. Por tanto, recibe también presiones de actores internacionales que restringen severamente su margen de maniobra.
A fin de asegurar una distribución más equitativa y sustentable de los beneficios de la innovación tecnológica, los países tienen por delante el desafío de democratizar el diseño de sus agendas en CyT, debatiendo abiertamente las direcciones del cambio tecnológico que se deseen promover.
En Argentina, la mayor visibilidad de las políticas de CyT, especialmente desde la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en 2007, constituye una oportunidad para emprender estos debates en diálogo con otros países en desarrollo. En particular, es de vital importancia reflexionar acerca de la necesidad de preservar el conocimiento científico en el dominio público.
Si bien la innovación tecnológica ocurre fundamentalmente dentro del ámbito privado, para innovar las empresas dependen fuertemente de su entorno: el aprendizaje y la innovación son procesos interactivos que requieren de un intenso intercambio de conocimiento. Son numerosos los ejemplos de innovaciones emprendidas por empresas privadas que para concretarse se valieron del acervo público de conocimiento.
Sin embargo, en los últimos años ha aumentado la amenaza de una apropiación privada del conocimiento en CyT. Por un lado, como resultado de presiones nacionales e internacionales por una mayor protección de la propiedad intelectual. Por el otro, como consecuencia de una promoción más intensa de las vinculaciones entre actores públicos y privados.
Si bien estas vinculaciones resultan beneficiosas para dinamizar la innovación, también conllevan riesgos. Resaltamos dos relacionados con la privatización de la investigación pública en CyT.
Primero, las empresas suelen requerir protección intelectual, ya sea mediante patentes o secreto, de los resultados de las innovaciones que se produzcan en el contexto de la vinculación. Esto afecta el potencial creativo de los esfuerzos públicos actuales en CyT -ya que restringiendo el acceso se limita la producción futura de conocimiento-.
Segundo, existe el riesgo, especialmente ante las restricciones presupuestarias que enfrentan los organismos públicos de investigación, de que las vinculaciones orienten la agenda de investigación pública hacia áreas favorables a los intereses del sector privado que pueden no coincidir con las socialmente deseables.
En suma, la política en CyT enfrenta el desafío de democratizar tanto la discusión sobre la direccionalidad del cambio tecnológico, como la negociación de una agenda en CyT.
Los senderos de cambio tecnológico son múltiples y sus consecuencias no se pueden predecir con certeza. Por eso, también para el éxito de este proceso de democratización, es necesario preservar en el dominio público el conocimiento que produzcan las acciones en CyT a fin de monitorear permanentemente su impacto”.
* Investigadora CONICET/ CENIT
El artículo fue publicado en la sección Economía de Página/12 del 12/07/10 y fue producido por Tomás Lukin bajo el título general: La disputa por el conocimiento: http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-149302-2010-07-12.html
